Una investigación de LA PRENSA publicada en febrero de 2009 sobre la falsificación y abuso de las dispensas otorgadas a los diputados del Congreso Nacional, surte efecto un año después cuando el Legislativo está a punto de derogar el decreto que otorga el privilegio a los diputados de introducir al país dos vehículos libres de impuestos.
Ese privilegio beneficia también al cuerpo diplomático, organizaciones no gubernamentales, iglesias, arrendadoras y hasta al mismo gobierno.
La Unidad de Investigación de LA PRENSA analizó la base de datos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, en donde encontró a un grupo de diputados de la legislatura anterior hasta con nueve dispensas otorgadas a un mismo parlamentario.
La investigación de LA PRENSA fue uno de los escándalos de 2009 en los que se vieron involucradas instituciones como la DEI, el Congreso Nacional y la Secretaría de Finanzas.
Como acciones a la investigación de LA PRENSA, el Tribunal Superior de Cuentas, TSC, concluyó mediante informe que los diputados fueron objeto de falsificación de su firma.
También la Fiscalía contra la Corrupción logró decomisar alrededor de 10 vehículos con dispensas falsificadas.
En la misma investigación, LA PRENSA denunció el abuso de algunos diputados ya que ingresaban al país vehículos lujosos exentos de impuestos cuando el decreto les recomienda automotores de trabajo.
Entre los autos habían de las marcas Masserati, Jaguar, Ferrari, Porsche y BMW, entre otros, que algunos parlamentarios vendieron sus dispensas.
Decisión unánime
La junta directiva y los jefes de bancada del Congreso Nacional, introdujeron ayer un proyecto de ley orientado a derogar el decreto de las dispensas.
Los jefes de bancada dieron el visto bueno al proyecto de ley que fue redactado por el secretario de la Cámara, Rigoberto Chang Castillo.
Lo sobresaliente de esta reunión es que hubo consenso de que las clases media y pobre no serán castigadas con más impuestos.
El pleno determinó nombrar una comisión dictaminadora y que a más tardar la próxima semana se someta a discusión y aprobación, de ser posible por unanimidad.
“La decisión fue unánime, la comisión de dictamen dialogará con las bancadas, esperamos que se tome por unanimidad, porque éste es un mensaje para los demás sectores del país, aunque aspectos como el de las dispensas se hizo con buen propósito, pero la aplicación distorsiona un tanto”, dijo Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional.
A criterio de Hernández, en una dispensa el Estado podría perder entre 100 mil y 300 mil lempiras, que multiplicados por dos dispensas de 256 diputados sería una suma elevada, más las dispensas de los magistrados del Poder Judicial, rentistas, diplomáticos y del Poder Ejecutivo.
“No se justifica que usemos vehículos del Estado, es más rentable darle un apoyo en términos de depreciación del vehículo y no comprar la flota de vehículos nuevos”, dijo.
Antes de la presentación del decreto, el diputado liberal Darío Banegas expresó ante el pleno legislativo que renuncia a sus dos dispensas “porque es algo parecido a una obscenidad política”.
Juan Orlando Hernández, dijo que habló con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilez, y que está anuente a derogar también la dispensa a ese poder del Estado.







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