Resguardar la vida de los jueces podría ser dentro de poco una nueva misión de las Fuerzas Armadas de Honduras.

El ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, anunció una reingeniería y reestructuración para la protección de jueces y demás autoridades dedicadas al combate de la criminalidad, luego del asesinato de la jueza de la Niñez, Olga Laguna.

Sin embargo, algunos jueces de los Juzgados de lo Penal proponen que la seguridad que se les asigne esté a cargo de elementos militares.

“El Ejército está entrenado para reaccionar en cualquier situación de peligro, mientras que los a policías se les enseña, primero a dialogar y por último a accionar, por lo que sería mejor que la seguridad estuviera en manos del Ejército”, reveló uno de los consultados.

Los operadores de justicia, además de pedir el resguardo militar, hacen la recomendación que se les brinde un entrenamiento especial que consiste en la reacción y manejo de armas de fuego en simulacros de escenas de peligro. También deben ser preparados en maniobras evasivas en carros y otros entrenamientos que les pueda ayudar a salvaguardar su vida.

Constantes amenazas

Los jueces de los diferentes juzgados del país se han quejado de la inseguridad y las constantes amenazas a muerte que reciben a diario sin que las máximas autoridades del Poder Judicial tomen decisiones para brindarles protección.

En el caso de los Juzgados de lo Penal de Francisco Morazán, al menos 10 de los 24 jueces están amenazados a muerte por conocer casos relacionados con el crimen organizado.

Por su parte, la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, Asojmah, denunció que al menos 22 jueces a nivel nacional corren peligro de morir a manos de sicarios.

En una reunión sostenida ayer entre miembros de la Policía, Ministerio Público, la Asojmah, Colegio de Abogados de Honduras y jueces de diferentes puntos del país se elaboró una petición que se propondrá ante el Congreso Nacional para que se construya una unidad de investigación de amenazas y muertes de operadores de justicia.

La propuesta final se dará a conocer el próximo jueves, la cual también comprende que a los imputados que tienen más de 60 años no se les dicte arresto domiciliario.

Denuncia

En las últimas semanas los jueces han lanzado gritos de auxilio a las diferentes instituciones como al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, y la Secretaría de Seguridad para que se les brinde la seguridad que requieren.

La inseguridad que viven los jueces salió a la palestra pública luego de que la CSJ resolviera quitar los vehículos a dos jueces que fueron amenazados por criminales que fueron enviados a la Penitenciaría Nacional.

Las operadoras de justicia no tienen vehículos propios por lo que al despojarlas de los carros asignados también las dejaron solas ya que no tienen cómo transportar al guardaespaldas que las protegía.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Aviles, explicó que “lo que ha sucedido es que ha habido limitación en cuanto a asignación de vehículos, ahí ha habido una reestructuración en cuanto al uso de los mismos”, expresó.

“Cuando tengan que andar en cuestiones oficiales, van a tener vehículos oficiales para esos fines, pero en ningún momento se les ha retirado ni su seguridad ni el apoyo”, afirmó el presidente de la CSJ. Expuso que este tipo de casos han sido discutidos con autoridades de Seguridad y del Ministerio Público, para fortalecer medidas de protección. “Se busca una solución y una protección a toda la familia judicial”, aseguró.